Para comprar una vivienda en España necesitará, como mínimo, los siguientes documentos: su DNI (si es ciudadano español) o su NIE (si es extranjero), una nota simple actualizada del Registro de la Propiedad que acredite la titularidad y las cargas del inmueble, el certificado de eficiencia energética, el último recibo del Impuesto sobre Bienes Inmuebles (IBI), el certificado de la comunidad de propietarios que confirme que no existen deudas pendientes, y la cédula de habitabilidad o licencia de primera ocupación en el caso de obra nueva. En ValueGuard Property Law nos encargamos de recopilar y verificar toda esta documentación para que usted pueda comprar con total tranquilidad.
Preguntas generales
Los honorarios de un abogado inmobiliario varían en función de la complejidad del asunto, el valor del inmueble y el tipo de servicio requerido. En nuestro despacho ofrecemos una primera consulta gratuita para evaluar su caso. A partir de ahí, le presentamos un presupuesto cerrado y detallado antes de iniciar cualquier gestión, de modo que usted sepa exactamente cuánto va a pagar. No aplicamos costes ocultos ni honorarios variables sin su aprobación previa. Para operaciones estándar de compraventa, nuestros honorarios suelen oscilar entre el 0,5% y el 1% del valor de la transacción, con un mínimo establecido que le comunicamos de forma transparente.
Al comprar una vivienda de segunda mano en el País Vasco, el principal impuesto es el Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales (ITP). El tipo impositivo varía según la Diputación Foral correspondiente: en Bizkaia es del 4% para vivienda habitual y del 6% para segundas residencias. Además, deberá abonar la plusvalía municipal (Impuesto sobre el Incremento de Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana), aunque este impuesto corresponde legalmente al vendedor salvo pacto en contrario. También hay que considerar los gastos de notaría, registro y gestoría. Nuestros abogados le preparan un desglose completo de todos los costes asociados a la operación para que no haya sorpresas.
En España no es legalmente obligatorio contratar un abogado para comprar una vivienda, pero es altamente recomendable. El notario da fe pública del acto, pero no asesora a ninguna de las partes ni verifica en profundidad la situación jurídica del inmueble. Un abogado especializado en property law revisa toda la documentación, detecta posibles problemas legales (cargas ocultas, embargos, irregularidades urbanísticas) y negocia las condiciones del contrato en su beneficio. La inversión en asesoramiento legal es mínima comparada con los riesgos de una operación inmobiliaria sin supervisión profesional.
La nota simple es un documento emitido por el Registro de la Propiedad que contiene la información esencial sobre un inmueble: quién es el titular, la descripción de la finca, su superficie, linderos y, lo más importante, las cargas que pesan sobre ella (hipotecas, embargos, servidumbres, anotaciones preventivas). Es el primer documento que solicitamos cuando un cliente nos encarga la revisión de una compraventa, porque nos permite conocer la situación jurídica real del inmueble. La nota simple se puede obtener de forma presencial en el Registro o telemáticamente a través del servicio online del Colegio de Registradores. Su coste es reducido, generalmente inferior a diez euros.
Preguntas sobre arrendamientos
La actualización anual de la renta del alquiler está regulada por la Ley de Arrendamientos Urbanos. Desde 2024, la actualización se vincula al Índice de Referencia de Arrendamientos que publica el Instituto Nacional de Estadística, con un límite máximo fijado por ley. Anteriormente se utilizaba el IPC. Es importante que el contrato especifique claramente el mecanismo de actualización. Si su casero le propone una subida que usted considera abusiva, le recomendamos que consulte con nuestros abogados para verificar si se ajusta a la normativa vigente. En muchos casos, los propietarios aplican incrementos superiores a los legalmente permitidos por desconocimiento de la ley.
Si su inquilino deja de pagar la renta, el primer paso es enviar un requerimiento de pago por burofax, dejando constancia fehaciente de la reclamación. Si el inquilino no regulariza su situación en un plazo razonable, se puede iniciar un procedimiento judicial de desahucio por falta de pago. Este procedimiento permite solicitar simultáneamente la resolución del contrato, el lanzamiento del inquilino y la reclamación de las rentas adeudadas. En ValueGuard Property Law gestionamos todo el proceso con celeridad, aprovechando los mecanismos procesales que permiten acortar los plazos. También exploramos la posibilidad de alcanzar un acuerdo extrajudicial que evite los costes y la demora de un juicio.
Sí, la Ley de Arrendamientos Urbanos permite al inquilino desistir del contrato una vez transcurridos los primeros seis meses, siempre que lo comunique al arrendador con al menos treinta días de antelación. Si el contrato incluye una cláusula de penalización por desistimiento anticipado, esta no puede superar un mes de renta por cada año de contrato que reste por cumplir, prorrateándose por meses los períodos inferiores al año. Es fundamental revisar las condiciones específicas de su contrato antes de tomar la decisión, ya que las cláusulas abusivas pueden ser anuladas judicialmente.
Preguntas sobre herencias y sucesiones
El Código Civil español no establece un plazo específico para aceptar o repudiar una herencia, aunque cualquier interesado puede solicitar al juez que fije un plazo de treinta días para que el llamado a heredar se pronuncie. Sin embargo, es importante tener en cuenta que el plazo para liquidar el Impuesto sobre Sucesiones es de seis meses desde el fallecimiento, prorrogable por otros seis meses si se solicita dentro de los cinco primeros meses. No cumplir estos plazos fiscales conlleva recargos e intereses de demora. Por eso recomendamos iniciar los trámites sucesorios lo antes posible.
Sí, puede renunciar a una herencia si considera que las deudas superan el valor de los bienes. La renuncia debe hacerse ante notario y es irrevocable. Otra opción es aceptar la herencia a beneficio de inventario, lo que significa que usted solo responderá de las deudas del fallecido hasta donde alcancen los bienes heredados, sin que su patrimonio personal se vea afectado. Esta modalidad requiere la realización de un inventario notarial o judicial de los bienes y deudas del causante. Nuestros abogados le ayudan a evaluar cuál es la opción más conveniente en su caso concreto.
El País Vasco cuenta con un régimen fiscal propio en materia de sucesiones que, en general, resulta más favorable que el estatal. En Bizkaia, por ejemplo, los herederos directos (cónyuge, hijos, padres) tributan a un tipo fijo del 1,5% sobre la base liquidable, con una exención de 400.000 euros por heredero. Esto significa que muchas herencias entre familiares directos quedan prácticamente exentas de impuestos. Además, la vivienda habitual del fallecido goza de una reducción adicional del 95% de su valor, con un límite de 215.000 euros por heredero. Estas ventajas hacen que el País Vasco sea uno de los territorios más favorables de España para la transmisión de patrimonio inmobiliario por herencia.